Por Migdonio
Dediego Moreno
Vemos que La Acción de Tutela es un mecanismo esencial y transitorio, preferente y sumario muy importante, a través de la cual se puede lograr la protección y el restablecimiento de derechos fundamentales amenazados o denegados; algunos por empleados públicos y privados que, en ocasiones, son negligentes y omisivos para responder a tiempo ante las solicitudes o información requerida por los ciudadanos; derechos que, en diversas ocasiones son vulnerados y enajenados por entidades o personas que, utilizando posición dominante y flagrante violación del Debido Proceso, dejan en estado de manifiesta indefensión a muchos titulares del Derecho Propio. Hay funcionarios que a veces utilizan el Silencio Positivo Administrati¬vo, dando lugar a que los afectados recurran a la instauración de la Acción de Tutela, ante los Despachos pertinentes, para poder recobrar el Derecho vulnerado.
Por la omisión de algunos funcionarios para responder las solicitudes, respecto a Derechos Fundamentales vulnerados y denunciados, los juzgados judiciales se han atiborrado de Acciones de Tutelas, creándose así congestiones que deben ser avoca¬das por los jueces y funcionarios del Despacho pertinente, mediante un procedimiento Preferente y Sumario, es decir, un tiempo corto y limitado, dejando paralizados muchos expedientes de otras áreas laborales, a fin de emitir el fallo atinen¬te al caso planteado, en horas record; pero todo esto debido a la laxitud, negligencia y omisión de quienes en algunas dependencias públicas y privadas no cumplen con la obligación determinada en el Código Contencioso Administrativo para darle respuesta a las solicitudes recibidas; esas omisiones injustas permiten darle nacimiento a la pluralista “Tutelitis” que congestiona Despachos Judiciales; a todo esto, también se le suma la laxitud y efectos no sancionatorios con que algunos jueces se burlan de sus propios fallos, cuando no utilizan, como debe ser, lo preceptuado en el Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, respecto a los Incidentes de Desacatos instaurados en sus Despachos Judiciales.
Mediante “Desajuste Mental”, algunos en Colombia han insinuado la suspensión de la Acción de Tutela, a fin de mantener amplia la cobertura de los Juzgados para dedicar los espacios laborales a otros menesteres, anulando así a la llamada “Tutelitis”; pero los insinuadores de tal desmán, no se han ubicado para encontrar la Etiología del por qué nace la “Tutelitis” que atiborra a los juzgados del País. Se debe establecer la verdad para contribuir a que se respeten los derechos fundamentales de la gente que necesita ser protegida por tramitologías y procedimi¬entos preferentes y sumarios para restablecer sus derechos adquiridos, en riesgo o amenazados.
Ahora, hecho el análisis respecto a lo ya comentado, es necesario que alguien proponga, ante Representantes y Senadores del Congreso Nacional, la presentación de un Proyecto de Ley en donde se disponga investigaciones y sanciones administrativas, aún penales, contra los funcionarios públicos y los particulares que, por su omisión o culpa, sea entutelada la institución o empresa donde laboran; así se po¬drá evitar la perdida de tiempo y dinero del Estado Colombiano, por la laxitud de algunos funcionarios durante el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Hoy, la Acción de Tutela se ha convertido en la herramienta, alma y espada que protege y defiende el derecho de los pobres de nuestra República.
Pero, lástima que algunos Jefes de Oficina: No orientan a sus subalternos respecto a la imperiosa obligación de responder, a tiempo, los Derechos de Petición y demás solicitudes dirigidas por los ciudadanos ante los diversos Despachos que cumplen actividades laborales administrativas o de atención al público y usuario en general; pues, la alcahuetería que protege a algunos funcionarios, se ha incrementado, dando así rienda suelta para que surja la floración de la denominada “Tutelitis” que atiborra a los Despachos Judiciales, buscando Justicia: Unos para desarrollar programas de inversión social, otros para no morir por inanición ante la usurpación y enajenación o vulneración de sus derechos fundamentales.
